La expansión y el declive de la educación superior en Taiwán: de 58 universidades a 140, y luego empezaron a cerrar

En 1994, la Comisión de Reforma Educativa proclamó el eslogan «establecer más institutos y universidades». En una década, el número de universidades pasó de 58 a 145, y la proporción de instituciones privadas alcanzó el 67%. La tasa neta de escolarización subió del 26% al 72%, de modo que prácticamente cualquier persona podía acceder a la universidad. Entonces llegó la baja natalidad. En 2022, los nacimientos cayeron a 138.000, la cifra más baja de la historia. Las universidades empezaron a cerrar, a fusionarse y a competir por estudiantes. Este experimento de treinta años —de «demasiado pocas» a «demasiadas» y luego a «insostenibles»— esconde una pregunta que nunca se ha respondido con seriedad: ¿la universidad es un bien público o una mercancía de mercado?

Resumen en 30 segundos: En 1994, Taiwán tenía 58 instituciones universitarias. Tras el eslogan de la Comisión de Reforma Educativa «establecer más institutos y universidades», el gobierno fomentó la creación de instituciones privadas y cambió el régimen de aprobación de «autorización previa» a «notificación». En una década, el número de universidades casi se triplicó, alcanzando en 2017 un máximo de 129 universidades y 15 colegios, sumando 144 instituciones. Las instituciones privadas pasaron de 26 a 94, representando el 71% del total. Pero en 2022, los nacimientos en Taiwán cayeron a 138.000, con una tasa de fecundidad de 1,08, la más baja del mundo. El «mercado» universitario se contrae rápidamente, y las universidades privadas empiezan a cerrar. Estudios desde la pedagogía crítica señalan que este proceso —de «demasiado pocas» a «demasiadas» y luego a «cierre»— tiene su raíz en que la reforma educativa se orientó desde el inicio por la lógica de mercado neoliberal, desplazando la educación superior de bien público a mercancía1.


«Expansión universitaria»: una política educativa impulsada por un término económico

El 10 de abril de 1994, la «Alianza 410 por la Reforma Educativa» se manifestó en la calle, y una de sus cuatro demandas centrales era «establecer más institutos y universidades». En septiembre del mismo año, el Yuan Ejecutivo creó la «Comisión de Deliberación sobre la Reforma Educativa» (教改會), presidida por Yuan-Tseh Lee1.

En los informes consultivos publicados por la comisión en un plazo de dos años, la dirección de la reforma de la educación superior se condensó en un término prestado de la economía: «desregulación» (鬆綁). El Primer Informe Consultivo señalaba: «El exceso de control gubernamental sobre la educación sigue siendo el factor más amplio, profundo y perjudicial para la modernización educativa». La comisión sostenía que el gobierno debía pasar de gestor a proveedor de recursos, dejando que «el mercado educativo dispusiera de un espacio de elección suficiente»2.

El Cuarto Informe Consultivo fue aún más concreto: «Las instituciones públicas de educación superior suspenderán temporalmente su expansión… La expansión cuantitativa de la educación superior debe basarse principalmente en el uso de recursos privados. Para la creación de instituciones privadas, el régimen de «autorización previa» se cambiará por el de «notificación»»2. El significado era claro: el gobierno dejaba de construir universidades y pasaba a fomentar que lo hiciera el sector privado.

Wu-Hsiung Huang, líder de la Alianza 410, señaló ya en 1996: «La elección del camino de la reforma educativa es, en esencia, una cuestión de ideología»3. Pedagogos críticos han analizado que los miembros de la comisión estuvieron profundamente influidos desde el inicio por el pensamiento neoliberal, y que la política de reforma educativa articulada en torno a la «desregulación» legitimó en la práctica el capitalismo académico y la nueva gestión pública1.


Triplicarse en una década: los cambios estructurales detrás de las cifras

Una vez que las propuestas de la comisión se tradujeron en políticas, los números empezaron a crecer de forma explosiva.

Según los datos del Anuario Estadístico de la Educación de la República de China y del Séptimo Anuario Educativo de la República de China (2012) del Ministerio de Educación14, la evolución del número de instituciones universitarias en Taiwán fue la siguiente:

Curso académico Universidades públicas Universidades privadas Colegios públicos Colegios privados Total
1950 1 3 4
1993 15 15 28 23 51
1994 15 8 17 18 58
2004 34 41 17 53 145
2011 46 70 5 27 148
2017 47 82 1 14 144
2020 45 81 1 13 140

Entre 1994 y 2004, en apenas una década, las instituciones universitarias pasaron de 58 a 145. El crecimiento de las privadas fue el más espectacular: las universidades privadas pasaron de 8 a 41, y los colegios privados de 18 a 53. Los colegios independientes y las escuelas técnicas que se elevaron al rango de universidad fueron los principales motores de esta expansión1.

La evolución de la tasa neta de escolarización fue igualmente drástica. En el curso 1994 fue del 26,26%; cinco años después, en 1999, subió al 35,43%; en 2004 superó el 53,2%, y en 2020 alcanzó el 72,10%, 2,75 veces la cifra de 19941. Según la clasificación del sociólogo de la educación Trow (2006), Taiwán completó en menos de veinte años la transición de una educación superior «elitista» a una «universal».


Financiación competitiva: la carrera armamentística entre universidades

Mientras el número de universidades se disparaba, el presupuesto público de educación no creció en la misma proporción. La solución del Ministerio de Educación fue repartir los recursos mediante la «competencia».

Desde el «Plan de Integración de Universidades de Investigación» de 2002, pasando por el «Plan de Excelencia en la Enseñanza Universitaria» de 2005, el «Plan para el Desarrollo de Universidades de Primera Clase Internacional y Centros de Investigación de Élite» de 2006, hasta el «Plan de Avanzada hacia Universidades de Élite» de 2011, la distribución de la financiación de la educación superior en Taiwán se orientó cada vez más hacia un modelo de competencia de mercado1.

El Ministerio de Educación señaló explícitamente en el marco del «Plan para el Desarrollo de Universidades de Primera Clase Internacional y Centros de Investigación de Élite» que, hasta entonces, el gobierno había aplicado un sistema de financiación igualitario, sin mecanismos de competencia ni evaluación entre universidades, lo que provocaba una dispersión excesiva de los recursos limitados. Por ello se decidió asignar 50.000 millones de dólares taiwaneses, en periodos de cinco años, para impulsar la competitividad internacional mediante subvenciones a universidades seleccionadas1.

En 2017, el Ministerio de Educación integró varios programas competitivos en el «Plan de Profundización de la Educación Superior», con periodos de cinco años que abarcaban tanto la educación superior como el sistema de formación profesional. Aunque uno de los ejes del plan era la «responsibilidad social universitaria», los críticos cuestionan que, bajo el marco de indicadores de rendimiento, la dimensión pública y el vínculo local pueden quedar diluidos por la lógica de la competencia de mercado5.

Jessop (2017) critica que el capitalismo académico lleva a que «las universidades actúen más como empresas rivales en busca de maximizar su reputación e ingresos, que como instituciones desinteresadas y de espíritu público»1. El impacto de este tipo de financiación competitiva en las universidades taiwanesas ha sido enorme y ha producido una estratificación directa: las que reciben subvenciones son denominadas «de primera clase internacional» o «universidades de élite», mientras que las demás luchan por sobrevivir con recursos escasos.


Corporatización universitaria: un experimento inacabado

Además de la financiación competitiva, otro intento de orientación hacia el mercado fue la corporatización de las universidades.

El Informe General de Consulta sobre la Reforma Educativa de la comisión recomendó que «las universidades públicas podrían orientarse en el futuro hacia la corporatización», y que debía revisarse la Ley de Universidades para clarificar el marco legal2. En 2000, el Ministerio de Educación organizó un proyecto sobre «Universidades Nacionales como Entes Corporativos», con el objetivo de dotar a las universidades públicas de autonomía de gestión, personal y financiera mediante la creación de consejos de administración1.

Sin embargo, cuando en 2005 se debatió el proyecto de reforma de la Ley de Universidades, el capítulo dedicado a la corporatización no fue incluido en la deliberación. Las razones principales de la oposición fueron dos: primero, la «independencia» de la universidad implicaría asumir la presión de captar financiación, lo que podría llevar a «ignorar o cerrar departamentos poco demandados o áreas de investigación básica por consideraciones de coste o rentabilidad económica»; segundo, las estructuras administrativas y de gestión derivadas de la corporatización podrían dañar gravemente la autonomía académica y la libertad de las universidades1.

La experiencia japonesa sirve de advertencia. Japón implementó la corporatización de sus universidades nacionales en 2004, impulsado por la necesidad de reducir el presupuesto estatal tras las dificultades fiscales de la década de 1990. La reforma tuvo como objetivo principal la «desfuncionarización» del personal docente e investigador de las universidades nacionales, lo que generó un amplio debate sobre la presión por obtener fuentes de financiación propias y los ajustes de gestión resultantes6.


La baja natalidad: la liquidación final

Toda expansión tiene un límite. El de Taiwán llegó antes de lo esperado.

En 2022, los nacimientos en Taiwán fueron solo 138.986, la cifra más baja desde que existen registros hace 47 años. Los datos de 2021 fueron aún más alarmantes: solo 153.820 nacimientos, por primera vez por debajo de 160.000, con una tasa de fecundidad de 1,08, la más baja del mundo1.

La población de nuevo ingreso en el «mercado» universitario está en descenso. Las universidades privadas son las primeras afectadas, enfrentándose a la insuficiencia de matrícula, lo que las obliga a reducir plazas, ajustar o cerrar departamentos, fusionarse o transformarse, e incluso a suspender admisiones y cerrar definitivamente7. Para ello, el Ministerio de Educación promulgó en 2022 el Reglamento de Cierre de Escuelas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior, dotando a las autoridades de una base legal para ejecutar de forma activa los mecanismos de cierre.

Pero el cierre es solo la mitad del problema. La otra mitad es el exceso masivo de personal docente: las oportunidades laboral para doctorados en instituciones de educación superior se reducen, el número de personas con formación de posgrado aumenta, pero al mismo tiempo crece el riesgo de desempleo1. El profesorado universitario pasa progresivamente de contratos estables a figuras de profesorado por proyectos y profesorado adjunto, conocidos como «profesores itinerantes». Lorenz (2012) señala que, en Estados Unidos, casi dos tercios de la docencia actual recae en profesores sin plaza permanente, en condiciones cada vez más precarias1.


¿La universidad es un bien público o una mercancía de mercado?

Volvamos a la pregunta fundamental.

En los informes de la comisión de reforma educativa aparecen de vez en cuando advertencias sobre los posibles riesgos de la mercantilización. Por ejemplo, el Primer Informe Consultivo señalaba: «Aunque el «mercado educativo» de la competencia libre elimina los productos educativos de baja calidad, el daño que sufren los estudiantes desfavorecidos es inaceptable desde la perspectiva de la justicia social»2. Pero estas advertencias quedaron ahogadas por un discurso abrumadoramente orientado al mercado, y nunca se tradujeron en medidas de protección concretas.

El pedagogo crítico Giroux (2002) señala: «Ante la amenaza del neoliberalismo, es necesario reflexionar sobre que «la esencia de la educación superior no reside en el servicio que presta, sino en los valores que encarna»: la búsqueda de la justicia, la libertad y la igualdad»8.

Y el informe General Education in a Free Society, publicado en 1945 por el presidente de la Universidad de Harvard, James B. Conant, tras veinte años en el cargo, sigue siendo igual de vigente ochenta años después: «La universidad es un terreno de exploración del conocimiento, no un centro de formación profesional»1.

La educación superior taiwanesa completó en treinta años un ciclo completo: de «muy pocas personas podían ir a la universidad» a «prácticamente todas podían ir» y luego a «las universidades empiezan a cerrar». El mayor legado de este ciclo es quizá una pregunta que la sociedad aún no ha respondido con seriedad: ¿la educación es un derecho público al que toda persona debería tener acceso, o es una mercancía cuya oferta y demanda deben regularse mediante mecanismos de mercado?

La respuesta determinará cómo serán las universidades taiwanesas en los próximos treinta años.


Referencias

  1. Lee, F.-J. (2023). Revisión de 30 años de reforma de la educación superior en Taiwán: el impacto del neoliberalismo y la reflexión crítica. Bulletin of Educational Research, 69(4), 1-39 — Revista TSSCI. Datos sobre número de universidades, tasa neta de escolarización, financiación competitiva, corporatización y análisis de la precariedad docente.
  2. Comisión de Deliberación sobre la Reforma Educativa del Yuan Ejecutivo (1995a-1996c). Informes consultivos primero a cuarto e Informe General de Consulta sobre la Reforma Educativa — Fuente original de textos de política como «desregulación educativa», «expansión universitaria» y «régimen de notificación».
  3. Huang, W.-H. (1996). Reconstrucción educativa en Taiwán: ante los problemas estructurales de la educación actual. Yuan-Liou — Análisis ideológico de las rutas de reforma educativa.
  4. Ministerio de Educación (2012). Séptimo Anuario Educativo de la República de China. Ministerio de Educación — Fuente estadística oficial de primera mano, con 21 capítulos sobre educación superior, formación del profesorado, asuntos estudiantiles y orientación.
  5. Chen, H.-C. (2021). Problemas manifiestos del «Plan de Profundización de la Educación Superior»: una perspectiva de problematización de políticas — En Y. Zhou-Song y W. Jun-Bin (eds.), Promesas y decepciones de las grandes políticas y reformas educativas en Taiwán, pp. 35-71. Xuefu.
  6. Yang, W.-H. (2015). Análisis de la formación de la política de corporatización de las universidades nacionales en Japón. Bulletin of Educational Research, 61(1), 35-67 — La experiencia japonesa como advertencia.
  7. Reglamento de Cierre de Escuelas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior — Base de datos de legislación nacional. Promulgado en 2022.
  8. Giroux, H. A. (2002). Neoliberalism, corporate culture, and the promise of higher educationHarvard Educational Review, 72(4), 425-463.
Sobre este artículo Este artículo fue creado mediante colaboración comunitaria y asistencia de IA.
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